El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado a impulsar acciones judiciales para proteger el territorio provincial frente a la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión se produjo luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023.
El gobierno de Misiones decidió avanzar por la vía judicial para resguardar el territorio provincial frente a la eliminación de los límites nacionales a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto 1935, mediante el cual instruyó al fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Duarte, a ejercer las acciones y defensas que correspondan ante operaciones que puedan afectar los derechos e intereses de Misiones.
La decisión se produjo después del fallo de la Corte Suprema que revocó una sentencia que había frenado la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. De esta manera, volvió a quedar operativo el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del gobierno de Javier Milei.
Ese artículo derogó la normativa que establecía límites específicos para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.
El Decreto 1935 y la estrategia judicial de Misiones
El decreto provincial faculta al fiscal de Estado a actuar por las vías que considere jurídicamente adecuadas cuando los intereses de Misiones puedan verse afectados.
En concreto, ordena “ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder” para proteger los derechos del Estado provincial frente a los efectos de la derogación de la Ley 26.737.
La medida no implica, según los textos analizados, una impugnación judicial ya presentada contra una operación concreta. El alcance descripto es más amplio: habilita a la Fiscalía de Estado a intervenir y promover acciones cuando considere que existen derechos o intereses provinciales afectados.
Este punto permite precisar una diferencia entre las versiones disponibles. Mientras algunas presentan la decisión como una inmediata judicialización del conflicto, el texto del decreto citado establece una instrucción al fiscal de Estado para actuar en las oportunidades y mediante las vías que considere pertinentes.
Passalacqua advierte sobre la situación territorial de Misiones
Passalacqua sostuvo que la eliminación de las restricciones nacionales coloca a Misiones en una situación de “desprotección y vulnerabilidad” y consideró que el artículo 154 del DNU 70/2023 puede afectar la integridad territorial de la provincia.
“Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes”, señaló el gobernador.
El mandatario fundamentó su posición en las características particulares de Misiones. Según indicó, más del 90% de sus límites corresponden a frontera internacional con Brasil y Paraguay.
También destacó la biodiversidad provincial y el peso de los pequeños productores dentro de su estructura económica.
“No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, afirmó.
Qué cambió con el fallo de la Corte Suprema
La controversia se reactivó luego de que la Corte Suprema revocara una decisión judicial que había frenado los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
Como consecuencia, volvió a quedar operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, las restricciones específicas que regían sobre la titularidad extranjera de tierras rurales.
La legislación derogada contemplaba, entre otros límites, un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de una provincia.
Sin embargo, existe una precisión jurídica relevante: de acuerdo con los textos aportados, la Corte aclaró que su sentencia no impide que quienes consideren inconstitucional el régimen legal vigente puedan solicitar medidas cautelares ante los jueces competentes.
Por lo tanto, el fallo no clausura nuevas presentaciones judiciales contra la eliminación de las restricciones.
Nuevos planteos contra el artículo 154 del DNU
La reacción de Misiones no es la única iniciativa judicial mencionada tras la decisión de la Corte.
Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot también promovieron una medida cautelar destinada a suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023.
“La tierra y el agua son recursos estratégicos, escasos y no renovables. Una decisión de esta magnitud no puede quedar librada a la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo: tiene que ser discutida y definida por el Congreso de la Nación”, sostuvo Massot.
El debate también volvió al terreno parlamentario. Según los textos analizados, sectores de la oposición en la Cámara de Diputados buscan avanzar contra el DNU 70/2023, que ya recibió el rechazo del Senado.
Sin embargo, esa posibilidad todavía enfrenta dificultades para reunir el quórum necesario. Una de las fuentes señala que a la oposición le faltarían al menos 15 diputados para alcanzar ese objetivo.
Un debate que también pasó por el Congreso
La regulación sobre la compra de tierras rurales por extranjeros ya había generado una disputa política previa.
El Gobierno nacional había intentado impulsar cambios en esta materia dentro de una iniciativa legislativa vinculada con la protección de la propiedad privada. Sin embargo, la resistencia de fuerzas opositoras y gobernadores llevó a retirar el capítulo referido a las tierras rurales.
Passalacqua estuvo entre los mandatarios que cuestionaron esos cambios.
La decisión posterior de la Corte volvió a colocar la cuestión en el centro del debate, esta vez a partir de la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023.
Misiones busca una vía provincial frente al nuevo escenario
La decisión de Passalacqua abre un nuevo frente en la discusión sobre la propiedad de la tierra rural y las facultades del Estado para establecer límites a la participación extranjera.
Para Misiones, la cuestión adquiere una dimensión particular por su extensa frontera con Brasil y Paraguay, sus recursos naturales y la estructura productiva de la provincia.
El Decreto 1935 busca dotar a la Fiscalía de Estado de herramientas para intervenir judicialmente ante situaciones que puedan afectar los intereses provinciales. El alcance efectivo de esa estrategia dependerá ahora de las acciones que impulse la Fiscalía y de las decisiones que adopten los tribunales ante eventuales planteos.
Mientras tanto, el conflicto seguirá desarrollándose en dos ámbitos paralelos: los tribunales, donde pueden presentarse nuevas impugnaciones contra el régimen surgido del DNU 70/2023, y el Congreso, donde continúa la disputa política sobre la vigencia del decreto.
